El proceso de restitución de inmueble arrendado, regulado en el artículo 384 del Código General del Proceso, establece disposiciones que, bajo el aparente propósito de proteger los derechos del arrendador, imponen serias restricciones al ejercicio del derecho de defensa del arrendatario, especialmente cuanto se configura abuso del derecho por parte del primero. En particular, los numerales 4 y 7 del citado artículo configuran una doble carga económica y procesal que vulnera el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia, consagrado en el artículo 229 de la Constitución Política de Colombia.
Según el numeral 4 del artículo 384 del Código General del Proceso, si la demanda se fundamenta en el incumplimiento de obligaciones contractuales como el pago de canon de arrendamiento, servicios públicos o cuotas de administración, el demandado no será oído hasta tanto no demuestre que ha pagado la totalidad de lo adeudado (conforme a las pruebas aportadas en la demanda), o al menos los tres últimos períodos, mediante recibos o constancias de consignación legal.
El contrato de arrendamiento, regido por el principio de conmutatividad, es sinalagmático y de ejecución continuada. Por tanto, las cargas procesales en la demanda de restitución buscan evitar la dilación de procesos por parte de arrendatarios morosos de mala fe, garantizando la efectividad de la sentencia, especialmente tratándose de procesos con vocación de restitución inmediata y cumplimiento forzoso.
Sin embargo, el artículo 384 también ha dado lugar a un uso abusivo por parte de algunos arrendadores, quienes a pesar de haber recuperado el inmueble voluntariamente o por mutuo acuerdo, omiten la firma de un acta de entrega y posteriormente inician un proceso ficticio de restitución, reclamando cánones supuestamente causados con posterioridad a la desocupación.
En tales casos:
- El arrendatario ha cesado la ocupación efectiva del bien y muchas veces ha notificado informalmente la entrega del inmueble.
- Al no existir un acta formal de entrega, se presume la vigencia del contrato, permitiendo al arrendador demandar la restitución (ya ocurrida de facto) y el pago de cánones por un inmueble no habitado.
El abuso se evidencia cuando, en virtud del artículo 384:
- Se exige al arrendatario consignar cánones inexistentes para poder ejercer su derecho de defensa.
- Se dictan medidas cautelares sobre su patrimonio sin haberlo oído, afectando gravemente el debido proceso.
Esto vulnera principios fundamentales del derecho procesal y sustantivo, como:
- La buena fe procesal (art. 83 CP), que impone actuar con lealtad, sin instrumentalizar el proceso para obtener beneficios indebidos.
- La prohibición del abuso del derecho (art. 95.1 CP), al impedir el uso del derecho en forma contraria a su finalidad o que cause perjuicio injustificado.
Estas condiciones establecen un obstáculo económico previo al ejercicio del derecho de defensa, al condicionar la posibilidad de ser oído al cumplimiento de una obligación dineraria que, precisamente, es objeto de controversia. Esta exigencia contradice el principio de gratuidad de la justicia y afecta el contenido esencial del derecho de acceso a la administración de justicia, más aún cuando el arrendatario es la parte débil del contrato.
La Corte Constitucional ha sostenido que toda restricción a este derecho debe superar un juicio estricto de proporcionalidad. En este caso, tal exigencia no lo supera porque:
El numeral 7 del artículo 384 permite al arrendador solicitar embargos y secuestros desde la presentación de la demanda, incluso antes de que el demandado sea notificado. Aunque se exige caución al demandante, también se impone al demandado la obligación de prestar caución para cancelar dichas medidas cautelares, conforme a lo que el juez determine.
Esta segunda exigencia añade una carga procesal con la misma finalidad del numeral 4: garantizar el cumplimiento de la sentencia y proteger el crédito del arrendador. Así, el demandado se enfrenta a una doble exigencia económica:
Ambas medidas, aunque con objetivos similares, se aplican de forma acumulativa y desproporcionada. No solo se exige el pago de lo supuestamente adeudado para ejercer el derecho de defensa, sino que además se exige otra garantía para proteger bienes que podrían ser embargados incluso antes de ser escuchado por el juez.
Esta duplicación de cargas actúa como una sanción implícita por el solo hecho de ser demandado y contradice principios fundamentales del debido proceso.
Cuando el arrendador actúa de mala fe, el procedimiento del artículo 384 del CGP resulta lesivo, vulnerando el derecho a la defensa efectiva y el derecho de acceso a la administración de justicia. Las cargas impuestas al demandado no solo son desproporcionadas, sino innecesarias, ya que persiguen un mismo objetivo por medios acumulativos y onerosos.
Aunque el artículo 384 fue diseñado para garantizar la efectividad de las decisiones judiciales en materia de arrendamiento y prevenir dilaciones injustificadas, también se ha sido utilizado de forma abusiva para simular conflictos y prolongar artificialmente relaciones contractuales extinguidas de hecho. La imposición de cargas procesales acumulativas —consignación previa y caución— sin evaluar la buena fe del demandado ni verificar la tenencia efectiva del inmueble, vulnera derechos fundamentales y desvirtúa la función garantista del proceso civil en Colombia.
Reconocidos por
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con Especialización en Derecho Comercial
de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia en el sector público y privado en diversas
áreas, siendo su fuerte el derecho comercial, societario, corporativo, M&A, contratos nacionales e
internacionales. Así como en resolución de controversias y arbitraje.
Estudios – Premios y Distinciones:
María Camila Angel Diaz, hace parte del equipo de Derecho Concursal de la Firma, cuenta con más de cinco (5) años de experiencia en las áreas de insolvencia y derecho comercial comercial.
Es abogada egresada de la Universidad del Sinú y ha fortalecido su trayectoria con estudios especializados, incluyendo un Diplomado en Insolvencia Empresarial e Intervención (Universidad Sergio Arboleda, 2021), un Bootcamp en Inteligencia Artificial (Universidad Sergio Arboleda, 2024), y un Diplomado en Derecho Societario en la Cámara de Comercio de Cali (2023).
A lo largo de su experiencia, ha brindado asesoría estratégica y representación a personas naturales y, empresas de diversos sectores en la tramitación de procesos de reorganización, liquidación judicial y validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización.
Abogada, especialista en derecho comercial y en derecho tributario (en curso), con más de cuatro años de experiencia en litigio civil y corporativo, en temas relacionados con gestión de asuntos tributarios, evaluación de disposiciones legales, análisis de posiciones jurisprudenciales y doctrinales, conflictos societarios, diagnósticos societarios, proyección de reformas estatutarias, elaboración de actas de asamblea, asistencia a asambleas, prima en colocación de acciones, pactos de accionistas y liquidación de sociedades.
Elaboración revisión y negociación de contratos comerciales, civiles y corporativos, litigios en casos de responsabilidad civil contractual, extracontractual, competencia desleal, procesos de reorganización e investigaciones administrativas ante la superintendencia de industria y comercio y superintendencia de sociedades.
Estudios:
Abogada Corporativa con 5 años de experiencia asesorando en Derecho Societario, Comercial, Contractual y Cumplimiento Normativo.
Responsable de la revisión y elaboración de contratos, gestión de estructuras societarias y supervisión del cumplimiento legal al interior de las empresas.
Estudios:
Abogada de la Universidad del Rosario con profundización en Derecho Privado, cuenta con 2 años de experiencia en negociación jurídica y mecanismos alternativos de resolución de controversias tanto con Colombia como en Estados Unidos.
En desarrollo de sus estudios fue reconocida como mejor monitora y participó en diversos concursos.
Tiene experiencia en trabajo probono en materia de derechos humanos y derechos de los migrantes, siendo una profesional íntegra y humana en el ejercicio de su profesión.
Estudios: Abogada con profundización en Derecho Privado 2023
Dilan Camilo Jamaica Millán es auxiliar contable de la firma con sólida formación académica y más de dos años de experiencia en el área contable y administrativa, desarrollada en diversos sectores como el privado, organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector floricultor.
Entre sus principales responsabilidades y logros se destacan: Causación de documentos contables, facturación y emisión de nómina electrónica, liquidación y presentación de impuestos nacionales, distritales y municipales, análisis de cuentas contables y de balances financieros, manejo de procesos relacionados con nómina, incluyendo liquidaciones contractuales, afiliaciones y planillas de seguridad social y gestión administrativa de incapacidades ante entidades correspondientes.
Su perfil se caracteriza por su enfoque proactivo, pensamiento analítico, adaptabilidad, y su habilidad para trabajar en equipo, siempre en búsqueda de soluciones eficientes que generen valor para la organización.
Graciela es Abogada, cuenta con más de 10 años de experiencia en litigio y derecho procesal, con un enfoque especializado en la representación judicial en asuntos civiles, comerciales, inmobiliarios, de protección al consumidor, derecho de familia, derecho laboral y responsabilidad médica.
Actualmente, cursa una Maestría en Derecho Procesal, lo que fortalece su capacidad para diseñar estrategias jurídicas sólidas y ofrecer soluciones efectivas a sus clientes.
Posee un profundo conocimiento del derecho procesal y su aplicación en litigios complejos, lo que le permite anticipar escenarios, construir argumentaciones sólidas y representar con excelencia a empresas y particulares en Juzgados y Tribunales. Ha liderado procesos ejecutivos, declarativos, laborales y litigios de familia, destacándose por su capacidad de análisis y resolución de conflictos.
Su experiencia en asesoramiento corporativo, estructuración y negociación de contratos, así como en la gestión de riesgos legales, garantiza soluciones, estrategias integrales y efectivas a sus representados en cada caso, así como su compromiso con la excelencia, la ética profesional y la eficiencia.
Abogada especialista en Derecho Procesal, con más de cinco años de experiencia en litigio y procedimientos en las áreas de derecho civil, comercial y de familia.
Destaca por su profundo conocimiento del sistema judicial colombiano y su habilidad para desarrollar estrategias procesales
efectivas.
Cuenta con amplia experiencia en la redacción de escritos legales de alta calidad y en la presentación de argumentos sólidos y persuasivos ante Juzgados y Tribunales.
Su participación activa en audiencias, juicios y negociaciones refleja un compromiso constante con la ética profesional y la defensa de los derechos de sus representados, garantizando una
representación justa, equitativa y estratégica en cada caso.
Ingrid Amortegui Líder financiera y administrativa con 8 años de experiencia en áreas contables y financieras, especializada en el sector minero. Amplia trayectoria en la gestión de información financiera, análisis de estados contables, control presupuestal y cumplimiento tributario. He liderado procesos de cierre contable, auditorías internas y externas, así como la implementación de mejoras en sistemas contables para optimizar la eficiencia operativa.
Me destaco por mi enfoque analítico, capacidad para tomar decisiones estratégicas y liderazgo de equipos multidisciplinarios en entornos de alta exigencia. Comprometida con la transparencia financiera, la mejora continua y la generación de valor para la organización.
María Antonieta hace parte del equipo de derecho concursal de la Firma, cuenta con más de cinco (5) años de experiencia profesional en las áreas de derecho de insolvencia y comercial.
Ha asesorado y representado a empresas pertenecientes a diversos sectores de la economía como construcción, servicios, comercio, transporte, agrícola y minero energético, en procesos de reorganización, liquidación judicial y validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización.
Es abogada de la Universidad Católica del Táchira y su título fue convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, mediante resolución en el año 2017.
En el año 2022, obtuvo el siguiente título de posgrado: Especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario.
Adicionalmente, cuenta con los siguientes estudios complementarios:
Edward ejerce el rol de auxiliar en el área contable y administrativa, acumulando más de 5 años de experiencia en empresas del sector privado. Actualmente, dentro de la firma lleva a cabo procesos contables como causaciones, facturación, revisión y análisis de cuentas. Asimismo, se encarga de procesos administrativos, incluyendo la gestión de nóminas y otras tareas relacionadas con recursos humanos.
Cuenta con un estudio técnico de Asistencia Administrativa y se encuentra cursando sexto semestre de contaduría pública en la universidad UNIMINUTO.
Milena lidera el área contable, administrativo y financiero de la firma. Cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas del sector privado y público. Su trayectoria incluye asesoría en NIIF, análisis financiero, optimización fiscal, cumplimiento de deberes formales. Brinda asesoría a nuestros clientes en planeación y cumplimiento de deberes formales y fiscales. Asesora a la compañía y a los clientes en la mejora de las prácticas contables para una adecuada toma de decisiones.
Es contadora pública de la Universidad de Colombia y cuenta con el siguiente título de posgrado:
Pedro Miguel es director del departamento de Derecho Corporativo y Tributario en Rueda Mantilla Abogados, con experiencia de más de 8 años en el campo legal. Su práctica se centra en brindar asesoría en áreas clave como Derecho Societario, Contratos, Compliance, Litigio Corporativo, Propiedad Intelectual y Derecho Tributario.
Graduado en Derecho por la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Pedro ha complementado su formación con dos especializaciones de la Universidad Externado de Colombia: una en Derecho Comercial y otra en Derecho Tributario.
Durante su etapa académica, Pedro fue miembro activo del Semillero de Investigación en Derecho Comercial John F. Kennedy, vinculado al Grupo de Investigación Jurídico Comercial y Fronterizo (GIJCF) de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Primer puesto en el XVII Concurso Nacional de Derecho Comercial realizado en el marco del XXXIII Congreso Nacional de Derecho Comercial de Medellín, organizado por la Universidad Externado de Colombia, el Colegio de Abogados de Medellín, y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La ponencia con la cual obtuvo esta distinción fue: “Competencia desleal en el ciberespacio: ¿obsolescencia normativa de una realidad inminente?”.
Distinción “meritoria” en la calificación de su trabajo de grado, denominado: “Competencia desleal en el ciberespacio: Caso Colombia”. 2017.
Reconocimiento por su liderazgo y compromiso con el desarrollo del conocimiento, otorgado por la Cámara Junior Internacional – JCI. 2017.
Abogada de la Práctica de Derecho Corporativo con más de 8 años de experiencia, actualmente acompañando a nuestros clientes en los distintos procesos societarios, tales como: Constitución de vehículos societarios, resolución de conflictos societarios, reorganización de grupos empresariales, operaciones M&A, Auditorias societarias (Duediligence), elaboración de contratos mercantiles y laborales, y en general, brindando asesoramiento para el cumplimiento de todas las obligaciones empresariales.
Maria Angelica es Abogada de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con once años de experiencia en asesorías para la planeación y ejecución financiera, planeación y ejecución tributaria a empresas del sector privado. Acompañamiento en la planeación fiscal y cumplimiento de obligaciones tributarias a personas naturales. Asesoría y litigio en controversias fiscales.
Cuenta con el siguiente título de posgrado:
Especialista en Tributación de la Universidad de los Andes
José Antonio lidera la práctica de litigios en la Firma. Cuenta con más de diez años de experiencia en el manejo de litigios en materia de Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Laboral y Derecho de Familia, como también en mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Angela Maria, hace parte del equipo Concursal, cuenta con mas de 9 años de experiencia en la construcción de modelos financieros, evaluación financiera de inversiones, evaluación de proyectos y análisis a estados financieros.
Es economista con énfasis en Finanzas Privadas de la Universidad EAN y cuenta con los siguientes estudios:
Héctor lidera el departamento de Derecho Corporativo y Concursal de la Firma. Cuenta con más de trece años de experiencia asesorando y representando a clientes en áreas de Derecho Corporativo, Derecho Concursal, Derecho del Comercio Electrónico, Protección al Consumidor, Derecho de la Competencia, Derecho Marcario y Derecho Regulatorio. Ha asesorado y litigado en controversias contractuales ante la jurisdicción ordinaria y arbitral.
Es abogado de la Universidad de Ibagué y cuenta con los siguientes títulos de posgrado:
María Teresa es Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes con Especialización en Finanzas Corporativas. Cuenta con 12 años de experiencia en manejo integral administrativo, financiero y gerencial con enfoque en planeación estratégica, manejo presupuestal, de costos, proyecciones, evaluación y análisis financiero. Líder en desarrollar proyectos y establecer procesos, con conocimientos en gerencia de proyectos, Coaching y pensamiento sistémico. Enfoque estratégico y táctico buscando mejoras continuas y sostenibles a través de liderazgo, comunicación efectiva, resiliencia, capacidad de priorizar y tomar decisiones.
David es el socio director de la Firma. Ha sido funcionario de la Fiscalía General de la Nación y cuenta con más de diez años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Tributario y Derecho Concursal.
Es abogado de la Universidad de Los Andes
Ha sido profesor de pregrado y posgrado en Derecho de la Empresa, Derecho Comercial, Derecho Tributario, Derecho Penal Tributario y Derecho Público Económico en la Universidad de Los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad Santo Tomas.
Académicamente, ha sido reconocido por sus múltiples publicaciones en materia tributaria, dentro de las cuales se destacan las siguientes:
Hernando es el socio fundador de la Firma. Se ha desempeñado en cargos del sector oficial y ha trabajado para el sector financiero.
Cuenta con más de 30 años de experiencia como litigante y consultor en temas relacionado con Derecho Corporativo, Derecho Tributario, Derecho Concursal, Finanzas y Contabilidad.
Es abogado de la Universidad Santo Tomas, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana. Además, cuenta con estudios contables y financieros.
Ha sido docente universitario en las áreas de Derecho Tributario y Derecho Concursal en la Universidad Santo Tomás y la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
En el sector oficial ha ejercido funciones de responsabilidad jurídica en la Superintendencia de Sociedades. La última de ellas en el cargo de subjefe de vivienda, cuando estas funciones estuvieron a cargo de dicha entidad. También ha sido funcionario de la DIAN donde desempeñó el cargo de jefe de Cobranzas y estuvo encargado de la Dirección de Grandes Contribuyentes.
En el sector financiero fue abogado responsable de los procesos concursales y de los acuerdos de reestructuración privada de créditos en el Banco Santander. Además, se desempeñó como asesor de Banca de Inversión del Banco de Crédito.
