El amparo de pobreza, regulado en los artículos 151 al 158 del Código General del Proceso, es un mecanismo jurídico que garantiza el acceso a la justicia para quienes, por su condición económica, no pueden asumir los gastos de un proceso judicial sin afectar su subsistencia o la de las personas a su cargo.
Este mecanismo está estrechamente vinculado con el derecho fundamental al debido proceso y el acceso a la administración de justicia, lo que le otorga una dimensión constitucional.
En este contexto, surge la pregunta: ¿La cuantía del proceso y la naturaleza de sus pretensiones son factores determinantes para que el juez conceda el amparo de pobreza? Aunque el análisis debe centrarse en la situación económica del solicitante, es crucial considerar los costos del proceso y el impacto en sus finanzas.
Según el Auto 11001032400020150005000 de la Sección Primera del Consejo de Estado (5 de marzo de 2018, disponible en aquí), este mecanismo puede solicitarse en dos momentos:
- Antes de la presentación de la demanda, por el presunto demandante.
- Durante el curso del proceso, por cualquiera de las partes, incluido el demandado.
Un aspecto clave es que el solicitante no necesita presentar documentos para probar su condición de pobreza. Basta con declararla bajo juramento al presentar la solicitud.
Así, el amparo de pobreza es una herramienta para salvaguardar el acceso a la justicia de las personas en condiciones económicas desfavorables, pero también asegura que quienes deseen controvertirlo puedan hacerlo con los medios probatorios correspondientes. Este enfoque protege tanto los derechos del solicitante como los de las demás partes procesales.
La cuantía del proceso y sus pretensiones no pueden ser un factor exclusivo para decidir sobre la procedencia del amparo de pobreza, pero sí son elementos relevantes que el juez debe considerar al evaluar la solicitud.
Esto se debe a que los gastos asociados a un proceso de mayor cuantía generalmente son mucho mayores que los de uno de mínima cuantía, lo que puede representar una barrera real para el acceso a la justicia, incluso para personas con ingresos moderados.
Una madre cabeza de hogar, con ingresos mínimos destinados exclusivamente a la subsistencia básica de ella y sus hijos, solicita el amparo para enfrentar un proceso de mínima cuantía. En este caso, el juez debe considerar que, aunque los gastos del proceso no sean elevados, su situación de vulnerabilidad económica le impide asumirlos. Negar el amparo equivaldría a privarla de la posibilidad de defender sus derechos.
Un empresario con dificultades financieras solicita el amparo para afrontar un proceso de mayor cuantía. Aquí, el juez debe analizar cuidadosamente si la situación financiera del solicitante es verdaderamente crítica o si se trata de un problema temporal. También debe evaluar si la cuantía y las pretensiones del proceso requieren gastos procesales significativos que podrían justificar el amparo.
El derecho al debido proceso y el acceso a la justicia son pilares fundamentales del Estado de Derecho. El amparo de pobreza, al ser una herramienta para garantizar estos derechos, tiene una especial protección constitucional, como lo ha señalado la Corte Constitucional. La concesión de este beneficio no debe verse como un favor judicial, sino como un mecanismo esencial para evitar que las desigualdades económicas se conviertan en barreras infranqueables para el ejercicio de los derechos.
La terminación del amparo de pobreza puede solicitarse en cualquier momento del proceso. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia ha reafirmado en múltiples fallos la importancia del principio de buena fe durante el otorgamiento de este beneficio. En la sentencia de tutela STC102-2022, la Corte precisó que el solicitante no está obligado a aportar pruebas adicionales para justificar su situación económica al momento de la solicitud inicial, ya que basta con la declaración bajo juramento, tal como lo establece el artículo 152 del Código General del Proceso (CGP).
No obstante, en virtud del artículo 158 del Código General del Proceso, cualquier parte interesada puede solicitar la terminación del amparo en cualquier etapa del proceso, siempre que aporte pruebas que demuestren que las condiciones económicas del beneficiario han cambiado o que la afirmación inicial no corresponde a la realidad. Este mecanismo permite garantizar el equilibrio procesal y la igualdad entre las partes.
Reconocidos por
Abogado de la Universidad Nacional de Colombia, con Especialización en Derecho Comercial
de la Universidad Externado de Colombia. Experiencia en el sector público y privado en diversas
áreas, siendo su fuerte el derecho comercial, societario, corporativo, M&A, contratos nacionales e
internacionales. Así como en resolución de controversias y arbitraje.
Estudios – Premios y Distinciones:
María Camila Angel Diaz, hace parte del equipo de Derecho Concursal de la Firma, cuenta con más de cinco (5) años de experiencia en las áreas de insolvencia y derecho comercial comercial.
Es abogada egresada de la Universidad del Sinú y ha fortalecido su trayectoria con estudios especializados, incluyendo un Diplomado en Insolvencia Empresarial e Intervención (Universidad Sergio Arboleda, 2021), un Bootcamp en Inteligencia Artificial (Universidad Sergio Arboleda, 2024), y un Diplomado en Derecho Societario en la Cámara de Comercio de Cali (2023).
A lo largo de su experiencia, ha brindado asesoría estratégica y representación a personas naturales y, empresas de diversos sectores en la tramitación de procesos de reorganización, liquidación judicial y validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización.
Abogada, especialista en derecho comercial y en derecho tributario (en curso), con más de cuatro años de experiencia en litigio civil y corporativo, en temas relacionados con gestión de asuntos tributarios, evaluación de disposiciones legales, análisis de posiciones jurisprudenciales y doctrinales, conflictos societarios, diagnósticos societarios, proyección de reformas estatutarias, elaboración de actas de asamblea, asistencia a asambleas, prima en colocación de acciones, pactos de accionistas y liquidación de sociedades.
Elaboración revisión y negociación de contratos comerciales, civiles y corporativos, litigios en casos de responsabilidad civil contractual, extracontractual, competencia desleal, procesos de reorganización e investigaciones administrativas ante la superintendencia de industria y comercio y superintendencia de sociedades.
Estudios:
Abogada Corporativa con 5 años de experiencia asesorando en Derecho Societario, Comercial, Contractual y Cumplimiento Normativo.
Responsable de la revisión y elaboración de contratos, gestión de estructuras societarias y supervisión del cumplimiento legal al interior de las empresas.
Estudios:
Abogada de la Universidad del Rosario con profundización en Derecho Privado, cuenta con 2 años de experiencia en negociación jurídica y mecanismos alternativos de resolución de controversias tanto con Colombia como en Estados Unidos.
En desarrollo de sus estudios fue reconocida como mejor monitora y participó en diversos concursos.
Tiene experiencia en trabajo probono en materia de derechos humanos y derechos de los migrantes, siendo una profesional íntegra y humana en el ejercicio de su profesión.
Estudios: Abogada con profundización en Derecho Privado 2023
Dilan Camilo Jamaica Millán es auxiliar contable de la firma con sólida formación académica y más de dos años de experiencia en el área contable y administrativa, desarrollada en diversos sectores como el privado, organizaciones no gubernamentales (ONG) y el sector floricultor.
Entre sus principales responsabilidades y logros se destacan: Causación de documentos contables, facturación y emisión de nómina electrónica, liquidación y presentación de impuestos nacionales, distritales y municipales, análisis de cuentas contables y de balances financieros, manejo de procesos relacionados con nómina, incluyendo liquidaciones contractuales, afiliaciones y planillas de seguridad social y gestión administrativa de incapacidades ante entidades correspondientes.
Su perfil se caracteriza por su enfoque proactivo, pensamiento analítico, adaptabilidad, y su habilidad para trabajar en equipo, siempre en búsqueda de soluciones eficientes que generen valor para la organización.
Graciela es Abogada, cuenta con más de 10 años de experiencia en litigio y derecho procesal, con un enfoque especializado en la representación judicial en asuntos civiles, comerciales, inmobiliarios, de protección al consumidor, derecho de familia, derecho laboral y responsabilidad médica.
Actualmente, cursa una Maestría en Derecho Procesal, lo que fortalece su capacidad para diseñar estrategias jurídicas sólidas y ofrecer soluciones efectivas a sus clientes.
Posee un profundo conocimiento del derecho procesal y su aplicación en litigios complejos, lo que le permite anticipar escenarios, construir argumentaciones sólidas y representar con excelencia a empresas y particulares en Juzgados y Tribunales. Ha liderado procesos ejecutivos, declarativos, laborales y litigios de familia, destacándose por su capacidad de análisis y resolución de conflictos.
Su experiencia en asesoramiento corporativo, estructuración y negociación de contratos, así como en la gestión de riesgos legales, garantiza soluciones, estrategias integrales y efectivas a sus representados en cada caso, así como su compromiso con la excelencia, la ética profesional y la eficiencia.
Abogada especialista en Derecho Procesal, con más de cinco años de experiencia en litigio y procedimientos en las áreas de derecho civil, comercial y de familia.
Destaca por su profundo conocimiento del sistema judicial colombiano y su habilidad para desarrollar estrategias procesales
efectivas.
Cuenta con amplia experiencia en la redacción de escritos legales de alta calidad y en la presentación de argumentos sólidos y persuasivos ante Juzgados y Tribunales.
Su participación activa en audiencias, juicios y negociaciones refleja un compromiso constante con la ética profesional y la defensa de los derechos de sus representados, garantizando una
representación justa, equitativa y estratégica en cada caso.
Ingrid Amortegui Líder financiera y administrativa con 8 años de experiencia en áreas contables y financieras, especializada en el sector minero. Amplia trayectoria en la gestión de información financiera, análisis de estados contables, control presupuestal y cumplimiento tributario. He liderado procesos de cierre contable, auditorías internas y externas, así como la implementación de mejoras en sistemas contables para optimizar la eficiencia operativa.
Me destaco por mi enfoque analítico, capacidad para tomar decisiones estratégicas y liderazgo de equipos multidisciplinarios en entornos de alta exigencia. Comprometida con la transparencia financiera, la mejora continua y la generación de valor para la organización.
María Antonieta hace parte del equipo de derecho concursal de la Firma, cuenta con más de cinco (5) años de experiencia profesional en las áreas de derecho de insolvencia y comercial.
Ha asesorado y representado a empresas pertenecientes a diversos sectores de la economía como construcción, servicios, comercio, transporte, agrícola y minero energético, en procesos de reorganización, liquidación judicial y validación judicial de acuerdos extrajudiciales de reorganización.
Es abogada de la Universidad Católica del Táchira y su título fue convalidado por el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, mediante resolución en el año 2017.
En el año 2022, obtuvo el siguiente título de posgrado: Especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario.
Adicionalmente, cuenta con los siguientes estudios complementarios:
Edward ejerce el rol de auxiliar en el área contable y administrativa, acumulando más de 5 años de experiencia en empresas del sector privado. Actualmente, dentro de la firma lleva a cabo procesos contables como causaciones, facturación, revisión y análisis de cuentas. Asimismo, se encarga de procesos administrativos, incluyendo la gestión de nóminas y otras tareas relacionadas con recursos humanos.
Cuenta con un estudio técnico de Asistencia Administrativa y se encuentra cursando sexto semestre de contaduría pública en la universidad UNIMINUTO.
Milena lidera el área contable, administrativo y financiero de la firma. Cuenta con más de 10 años de experiencia en empresas del sector privado y público. Su trayectoria incluye asesoría en NIIF, análisis financiero, optimización fiscal, cumplimiento de deberes formales. Brinda asesoría a nuestros clientes en planeación y cumplimiento de deberes formales y fiscales. Asesora a la compañía y a los clientes en la mejora de las prácticas contables para una adecuada toma de decisiones.
Es contadora pública de la Universidad de Colombia y cuenta con el siguiente título de posgrado:
Pedro Miguel es director del departamento de Derecho Corporativo y Tributario en Rueda Mantilla Abogados, con experiencia de más de 8 años en el campo legal. Su práctica se centra en brindar asesoría en áreas clave como Derecho Societario, Contratos, Compliance, Litigio Corporativo, Propiedad Intelectual y Derecho Tributario.
Graduado en Derecho por la Universidad Francisco de Paula Santander de Cúcuta, Pedro ha complementado su formación con dos especializaciones de la Universidad Externado de Colombia: una en Derecho Comercial y otra en Derecho Tributario.
Durante su etapa académica, Pedro fue miembro activo del Semillero de Investigación en Derecho Comercial John F. Kennedy, vinculado al Grupo de Investigación Jurídico Comercial y Fronterizo (GIJCF) de la Universidad Francisco de Paula Santander.
Primer puesto en el XVII Concurso Nacional de Derecho Comercial realizado en el marco del XXXIII Congreso Nacional de Derecho Comercial de Medellín, organizado por la Universidad Externado de Colombia, el Colegio de Abogados de Medellín, y la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. La ponencia con la cual obtuvo esta distinción fue: “Competencia desleal en el ciberespacio: ¿obsolescencia normativa de una realidad inminente?”.
Distinción “meritoria” en la calificación de su trabajo de grado, denominado: “Competencia desleal en el ciberespacio: Caso Colombia”. 2017.
Reconocimiento por su liderazgo y compromiso con el desarrollo del conocimiento, otorgado por la Cámara Junior Internacional – JCI. 2017.
Abogada de la Práctica de Derecho Corporativo con más de 8 años de experiencia, actualmente acompañando a nuestros clientes en los distintos procesos societarios, tales como: Constitución de vehículos societarios, resolución de conflictos societarios, reorganización de grupos empresariales, operaciones M&A, Auditorias societarias (Duediligence), elaboración de contratos mercantiles y laborales, y en general, brindando asesoramiento para el cumplimiento de todas las obligaciones empresariales.
Maria Angelica es Abogada de la Universidad Externado de Colombia, cuenta con once años de experiencia en asesorías para la planeación y ejecución financiera, planeación y ejecución tributaria a empresas del sector privado. Acompañamiento en la planeación fiscal y cumplimiento de obligaciones tributarias a personas naturales. Asesoría y litigio en controversias fiscales.
Cuenta con el siguiente título de posgrado:
Especialista en Tributación de la Universidad de los Andes
José Antonio lidera la práctica de litigios en la Firma. Cuenta con más de diez años de experiencia en el manejo de litigios en materia de Derecho Civil, Derecho Comercial, Derecho Laboral y Derecho de Familia, como también en mecanismos alternativos de solución de conflictos.
Angela Maria, hace parte del equipo Concursal, cuenta con mas de 9 años de experiencia en la construcción de modelos financieros, evaluación financiera de inversiones, evaluación de proyectos y análisis a estados financieros.
Es economista con énfasis en Finanzas Privadas de la Universidad EAN y cuenta con los siguientes estudios:
Héctor lidera el departamento de Derecho Corporativo y Concursal de la Firma. Cuenta con más de trece años de experiencia asesorando y representando a clientes en áreas de Derecho Corporativo, Derecho Concursal, Derecho del Comercio Electrónico, Protección al Consumidor, Derecho de la Competencia, Derecho Marcario y Derecho Regulatorio. Ha asesorado y litigado en controversias contractuales ante la jurisdicción ordinaria y arbitral.
Es abogado de la Universidad de Ibagué y cuenta con los siguientes títulos de posgrado:
María Teresa es Ingeniera Industrial de la Universidad de los Andes con Especialización en Finanzas Corporativas. Cuenta con 12 años de experiencia en manejo integral administrativo, financiero y gerencial con enfoque en planeación estratégica, manejo presupuestal, de costos, proyecciones, evaluación y análisis financiero. Líder en desarrollar proyectos y establecer procesos, con conocimientos en gerencia de proyectos, Coaching y pensamiento sistémico. Enfoque estratégico y táctico buscando mejoras continuas y sostenibles a través de liderazgo, comunicación efectiva, resiliencia, capacidad de priorizar y tomar decisiones.
David es el socio director de la Firma. Ha sido funcionario de la Fiscalía General de la Nación y cuenta con más de diez años de experiencia asesorando a clientes nacionales e internacionales en las áreas de Derecho Corporativo, Derecho Tributario y Derecho Concursal.
Es abogado de la Universidad de Los Andes
Ha sido profesor de pregrado y posgrado en Derecho de la Empresa, Derecho Comercial, Derecho Tributario, Derecho Penal Tributario y Derecho Público Económico en la Universidad de Los Andes, la Universidad del Rosario y la Universidad Santo Tomas.
Académicamente, ha sido reconocido por sus múltiples publicaciones en materia tributaria, dentro de las cuales se destacan las siguientes:
Hernando es el socio fundador de la Firma. Se ha desempeñado en cargos del sector oficial y ha trabajado para el sector financiero.
Cuenta con más de 30 años de experiencia como litigante y consultor en temas relacionado con Derecho Corporativo, Derecho Tributario, Derecho Concursal, Finanzas y Contabilidad.
Es abogado de la Universidad Santo Tomas, especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario y especialista en Derecho de Sociedades de la Universidad Javeriana. Además, cuenta con estudios contables y financieros.
Ha sido docente universitario en las áreas de Derecho Tributario y Derecho Concursal en la Universidad Santo Tomás y la Universidad Autónoma de Bucaramanga.
En el sector oficial ha ejercido funciones de responsabilidad jurídica en la Superintendencia de Sociedades. La última de ellas en el cargo de subjefe de vivienda, cuando estas funciones estuvieron a cargo de dicha entidad. También ha sido funcionario de la DIAN donde desempeñó el cargo de jefe de Cobranzas y estuvo encargado de la Dirección de Grandes Contribuyentes.
En el sector financiero fue abogado responsable de los procesos concursales y de los acuerdos de reestructuración privada de créditos en el Banco Santander. Además, se desempeñó como asesor de Banca de Inversión del Banco de Crédito.
